El Gobierno español ha tomado medidas firmes para regular el sector petrolero, autorizando a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) a sancionar a las empresas que se nieguen a compartir información sobre los precios de los carburantes. Las multas pueden llegar hasta 6 millones de euros, según un decreto publicado en el BOE el 21 de marzo de 2026.
Esta iniciativa se produce tras la reciente reducción del IVA a los carburantes del 21% al 10% y la disminución del impuesto sobre hidrocarburos, medidas que buscan evitar la especulación en el contexto de la crisis en Oriente Medio. Además, el Gobierno introducirá deducciones fiscales para quienes instalen bombas de calor eléctricas en sustitución de calderas de combustión, aunque se requerirá un certificado de ahorro energético para beneficiarse de estas deducciones.
Se espera que en un mes se definan los coeficientes de corrección relacionados con estas rebajas fiscales, que tendrán una duración limitada. Para los hogares más vulnerables, se contempla un incremento de dichos coeficientes.