El apagón masivo que afectó a España el 28 de abril de 2025 ha desatado una intensa batalla legal entre grandes eléctricas y la Red Eléctrica de España (REE), que es parte del grupo Redeia. Tras un año desde el incidente, la falta de un culpable claro ha generado un bloqueo legal significativo, complicando la situación para consumidores y empresas.
Las empresas del sector energético, incluyendo a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, están enfrentando reclamaciones de clientes que buscan compensaciones por los daños ocasionados por el apagón. Sin embargo, las compañías eléctricas argumentan que no son responsables, trasladando la culpa a REE, que a su vez responde con acusaciones de conflicto de interés hacia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Con el objetivo de evitar una prolongada y compleja guerra jurídica, algunas de las principales eléctricas y aseguradoras han solicitado al Gobierno que declare el apagón como un "evento de fuerza mayor". De ser así, se activaría un fondo solidario de 10.000 millones de euros, similar al utilizado en eventos como la dana, para cubrir los costes asociados y las indemnizaciones.
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), dependiente del Ministerio de Economía, se presenta como una solución viable para gestionar los daños sin que las empresas tengan que enfrentarse en los tribunales. Sin embargo, el proceso de identificación de responsabilidades sigue siendo incierto, ya que varios informes técnicos han indicado que las causas del apagón son "multifactoriales" y no han señalado a responsables concretos.
Por el momento, los litigios han comenzado a surgir en diferentes ámbitos judiciales, lo que podría llevar a un caos legal en múltiples juzgados de toda España. La situación se complica aún más debido a que los aseguradores están a la espera de que se determine legalmente quién es el culpable antes de actuar sobre las reclamaciones.
Sara Aagesen, actual ministra de Transición Ecológica, ha estado en el centro de este debate, aunque su intervención no ha logrado despejar las dudas sobre la responsabilidad del apagón. Mientras tanto, las grandes eléctricas continúan defendiendo su posición, complicando aún más la resolución del conflicto.
Contexto: En el pasado, España ha enfrentado retos en su sistema eléctrico, pero el apagón de abril de 2025 ha sido uno de los más significativos, evidenciando la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de un marco regulatorio más claro. La CNMC, encargada de supervisar la competencia en los mercados de energía, ha estado bajo un intenso escrutinio por su papel en este caso. La resolución de este conflicto no solo impacta a las empresas involucradas, sino que también afecta a millones de consumidores en el país, quienes han estado lidiando con la incertidumbre en la calidad del suministro eléctrico y sus derechos como usuarios.