La CNMC ha iniciado una auditoría exhaustiva sobre la red eléctrica española, en medio de un clima de especulación alrededor de las licencias de conexión. La situación se agrava, ya que desde 2022, se han otorgado permisos para conectar 11.800 megavatios a la red, equivalentes a la capacidad de once centrales nucleares, aunque ninguno de estos megavatios está actualmente en uso.
La Red Eléctrica, que gestiona las líneas de alta tensión en el país, ha revelado por primera vez un mapa de accesibilidad a esta infraestructura, mostrando que la red se encuentra saturada. Esto ha generado tensiones entre centros de datos, grandes eléctricas y gobiernos autonómicos, todos reclamando acceso y criticando la falta de acción de Redeia para expandir la red.
Los centros de datos han expresado su frustración por la falta de licencias operativas, a pesar de tener permisos concedidos durante cuatro años. Por otro lado, las eléctricas acusan a Redeia de no facilitar más conexiones, mientras que algunos gobiernos regionales instan al Gobierno central a acelerar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura eléctrica, lo que permitiría el desarrollo de nuevos proyectos industriales y centros de datos.