Las grandes petroleras de España, incluyendo Repsol, BP, Galp y Moeve, están en conversaciones con el Gobierno para abordar el aumento de los precios de los carburantes, impulsado por el conflicto en Irán. Las medidas propuestas incluyen la liberación de reservas estratégicas y ajustes fiscales, como la reducción del IVA y de impuestos especiales sobre los hidrocarburos.
El Gobierno español ha puesto en alerta a 391 empresas energéticas para que se preparen ante la crisis. Una de las estrategias es liberar parte de las reservas de hidrocarburos, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con la Agencia Internacional de la Energía. Estas reservas deben equivaler a 92 días de consumo, según la legislación vigente.
Las petroleras advierten que cualquier medida fiscal no debe replicar los errores del pasado, como ocurrió en 2022, cuando se implementó una bonificación que generó distorsiones en el mercado. Esta vez, se buscará una combinación de acciones para mitigar los efectos de la escalada de precios en el sector.