El informe elaborado por Greenpeace, en colaboración con académicos como Eloy Sanz de la Universidad Rey Juan Carlos y Víctor García de la Universidad Politécnica de Cataluña, advierte que una prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 podría sumar un sobrecoste acumulado de casi 4.000 millones de euros en la factura eléctrica de los consumidores. Este análisis se presenta en un contexto donde el Consejo de Seguridad Nuclear está evaluando la seguridad de esta extensión.
La prolongación del cierre de los dos reactores, inicialmente previsto para 2027 y 2028, podría llevar a un aumento gradual de los precios de la electricidad a partir de 2031, aunque se anticipa que inicialmente los precios podrían descender entre 2028 y 2030. Este cambio temporal se produciría debido a que el gas natural reemplazaría el "hueco térmico" dejado por la central.
En el debate político relacionado con Almaraz, las empresas eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy habían propuesto una rebaja de impuestos como condición para la prórroga, pero finalmente renunciaron a esta exigencia, permitiendo al Ejecutivo tramitar la solicitud de revisión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.