La contratación pública en España representa entre el 10% y el 20% del Producto Interior Bruto, según datos recientes del Ministerio de Economía. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99,8% del tejido empresarial, tienen una baja participación en estas licitaciones, abarcando solo entre el 28% y el 35% de los contratos públicos.
A pesar de la implementación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que buscaba facilitar el acceso a estas empresas, la realidad muestra que las medidas no han tenido un impacto significativo. La falta de planificación en las licitaciones continúa limitando la participación de las pymes, que a menudo se ven excluidas en favor de grandes empresas. La normativa introdujo mecanismos como la división de contratos en lotes, pero su aplicación sigue siendo insuficiente y, en ocasiones, meramente formal.
Expertos en Derecho Público advierten que, sin una planificación adecuada, las licitaciones siguen diseñándose para grandes estructuras empresariales, lo que perpetúa la desventaja de las pymes, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos necesarios.