El acuerdo recientemente establecido limita los pagos a 38.000 millones de euros hasta el año 2030. Esta nueva normativa también elimina la exclusividad en el uso de la nube para las partes involucradas.
La decisión se enmarca dentro de un contexto más amplio de reformas que buscan modernizar acuerdos anteriores. Con estas medidas, se pretende facilitar un entorno más flexible para las transacciones y el intercambio de datos.