Durante el año pasado, los comercios orientados a la distribución de alimentos tuvieron que adaptarse de forma constante a cambios legales procedentes de distintas administraciones; desde el nivel municipal hasta el europeo.
En concreto se aprobaron o modificaron 1.411 regulaciones en un solo año, lo que equivale a una media de 3,8 nuevas normas cada día que afectan a la actividad comercial, con especial incidencia en el ámbito de la sostenibilidad.
El dato procede del informe elaborado por la consultora WorldLex para la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que ha medido la presión legislativa que soporta el sector en España. Según este análisis, se trata de un nuevo máximo histórico, pese a los procesos europeos de simplificación burocrática.
- La presión normativa sobre pymes y autónomos encadena varios años de crecimiento
- Sostenibilidad y seguridad alimentaria concentraron la mayor parte de nuevas leyes
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La presión normativa sobre pymes y autónomos encadena varios años de crecimiento
El estudio refleja un crecimiento continuo de la presión normativa desde 2022 y, si se incorpora el período excepcional de la pandemia de la Covid-19, desde 2020. Antes de la pandemia, en 2019 se registraron 476 normas relacionadas con el comercio alimentario.
Alberto Peironcely, director de Asuntos Legislativos de Asedas, señaló que, con seis años consecutivos “de incremento de la carga normativa, estamos muy lejos de las cifras pre-pandemia”. Y afirmó que las intenciones “de las Administraciones sobre conseguir una simplificación legislativa, por el momento, no se están plasmando en la realidad normativa”.
Según Asedas, la Comisión Europea fue la administración que más normas aprobó o modificó en 2025, con 453 textos, frente a las 444 de 2024. Las administraciones públicas españolas (Estado, comunidades autónomas y principales ayuntamientos) sumaron 958 normas en total.
Dentro del ámbito nacional, las comunidades autónomas añadieron 547 normas, mientras que la Administración central registró 326 nuevas leyes o modificaciones y las administraciones locales aprobaron 85 nuevas leyes.
Sostenibilidad y seguridad alimentaria concentraron la mayor parte de nuevas regulaciones
Por categorías, el medio ambiente fue el ámbito con mayor número de normas nuevas o modificadas, representando alrededor de un tercio del total de la actividad legislativa. En esta categoría el informe incluye textos sobre protección ambiental, eficiencia energética y diseño ecológico.
La seguridad alimentaria también concentró una parte significativa de la regulación, con 282 normas, de las cuales 190 corresponden a textos comunitarios relacionados con aspectos como almacenamiento, conservación, transporte, controles oficiales y protección animal.
Otros aspectos que impactan en la actividad comercial con elevada actividad legislativa incluyeron materias laborales –que abarcan gestión de recursos humanos y seguridad en el trabajo– y cuestiones de administración empresarial, que reúnen normas sobre licencias urbanísticas o inteligencia artificial, entre otras.
Entre las normas aprobadas en 2025 que ASEDAS considera con mayor impacto en supermercados y mayoristas de alimentación figuran la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible y la Ley de servicios a la clientela.
Peironcely indicó que todas ellas “inciden en muchos aspectos que las empresas de distribución alimentaria ya aplicaban, pero amplían trámites administrativos que suponen nuevas cargas y nuevos costes”.
En 2026 se están tramitando leyes que, si se aprueban, afectarán al comercio de alimentos
La patronal también ha identificado normas que, en 2026, se encuentran en diversas fases de tramitación y que podrían afectar al comercio.
Entre ellas están el control del fichaje sincronizado con la inspección de trabajo, la posible subida del salario mínimo y los nuevos permisos retribuidos por defunción de un familiar o cuidado de menores.
Los representantes de los comercios consideran que estas iniciativas “generan incertidumbre en las empresas, que necesitan marcos regulatorios claros y previsibles para organizar inversiones y plantillas”.
En el ámbito europeo, entre las normas que podrían suponer mayor carga administrativa para el sector se encuentran el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia Debida, además de los llamados paquetes ómnibus de simplificación normativa en distintas fases de tramitación parlamentaria.
Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas y miembro del Comité Económico y Social Europeo, declaró que “estamos ya en el Paquete Ómnibus número 10, lo que es muy preocupante en términos de calidad legislativa: si es preciso lanzar 10 normas, para modificar otras ya publicadas, es que algo se está haciendo mal”.