El nuevo decreto anti-apagón del Gobierno español permite multas de hasta 30.000 euros a directivos de operadores y centros de datos que no cumplan con sus requisitos. Las empresas de telecomunicaciones presionan para que se reduzcan las exigencias presentadas por el Ministerio para la Transformación Digital, argumentando que los costos para implementar las medidas son considerablemente subestimados.
En sus alegaciones, los operadores proponen disminuir la cobertura reforzada del 85% al 70% y sugieren un marco más flexible para el respaldo eléctrico de infraestructuras no esenciales, pasando de un mínimo de cuatro horas a un rango de entre dos y cuatro horas. Además, critican la falta de incentivos para el sector y el impacto financiero de estos planes.
Según la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la implementación de baterías en la red móvil podría costar 74 millones de euros. Se estima que los planes de resistencia energética incrementarán la inversión en la red en un 5% a 10%, lo que podría ralentizar el despliegue de tecnologías como el 5G en el país.