La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la falta de transposición de una directiva clave que define el tamaño de las empresas. Este proceso judicial se produce tras el incumplimiento del plazo que expiró el 24 de diciembre de 2024, que obligaba a los Estados miembros a adaptar su legislación nacional a la normativa europea.
La directiva, que tiene como objetivo ajustar los criterios de clasificación de empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes, busca aliviar la carga administrativa sobre las empresas más pequeñas, eximiéndolas de ciertas obligaciones de informes financieros y sostenibilidad aplicables a sus contrapartes más grandes. La Comisión ya había enviado cartas de emplazamiento a España y Malta el 31 de enero de 2025 y posteriormente dictámenes motivados el 17 de julio de 2025.
A pesar de los recordatorios y las oportunidades de cumplimiento, la Comisión considera que los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales han sido insuficientes, lo que ha llevado a esta acción legal.