Las empresas públicas y aquellas participadas por el Estado han destacado como los principales receptores de los fondos europeos Next Generation, acumulando un total de 12.000 millones de euros. Esta cifra representa más del 15% de los 80.000 millones de euros destinados a ayudas directas a fondo perdido, además de cerca del 40% de los 32.000 millones adjudicados a grandes empresas y uniones temporales de empresas (UTE).
Adif se sitúa en la cima de la lista, ya que ha recibido más de 5.800 millones de euros a través de sus dos sociedades principales. En el ámbito privado, las empresas Avatel y Contemporary Star Energy se perfilan como las más beneficiadas de estos subsidios europeos.
Desde el inicio del Plan de Recuperación, las comunidades y ciudades autónomas han recibido 4.870 millones de euros en ayudas, mientras que los ayuntamientos han obtenido 1.361 millones de euros. Por su parte, las entidades públicas de las administraciones locales han recibido 3.930 millones de euros, y las universidades y centros de investigación han accedido a 591 millones de euros.
Durante un periodo de cinco años, estos fondos han inyectado capital en los presupuestos de empresas públicas, fortaleciendo sus planes de inversión y estrategias operativas. A pesar de la fuerte competencia, muchas de estas entidades públicas están en directo enfrentamiento con empresas privadas por los recursos y proyectos financiados por estas ayudas.
La herramienta Elisa, utilizada por el Ministerio de Economía, ha contabilizado hasta ahora la adjudicación de 72.000 millones de euros en ayudas. Se espera que el listado definitivo de beneficiarios sea revelado hacia finales de año, una vez que se hayan procesado todas las concesiones.
Contexto: El Plan de Recuperación de la Unión Europea se implementó en respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, con el objetivo de fomentar la recuperación y sostenibilidad de la economía española. Este plan ha sido fundamental para la financiación de proyectos de infraestructura, digitalización y sostenibilidad, cruciales para el futuro económico del país. Las ayudas han permitido a las empresas, especialmente las vinculadas al sector público, realizar inversiones significativas en diversas áreas, contribuyendo a la modernización de la economía española.