El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró el pasado 20 de febrero que los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, marcando un revés significativo para su administración. Este fallo se basa en la conclusión de que el presidente excedió su autoridad al aplicar aranceles bajo una ley destinada a emergencias nacionales, conocida como IEEPA.
Durante una reunión con gobernadores, Trump reaccionó con furia ante la decisión, describiéndola como “una desgracia”. Sin embargo, en una rueda de prensa, intentó reinterpretar el fallo, sugiriendo que el tribunal había eliminado la incertidumbre sobre los aranceles y que aún tenía alternativas para aplicarlos. A pesar de la controversia, el Dow Jones experimentó un aumento notable tras el anuncio.
En respuesta a la situación, el presidente firmó una orden ejecutiva para establecer aranceles globales del 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer estos gravámenes por un máximo de cinco meses, sujeto a la aprobación del Congreso. Trump también anunció la apertura de una investigación bajo la sección 130 de la misma ley, con el objetivo de salvaguardar a EE.UU. del comercio desleal.