La reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible supone un avance significativo para el transporte público en España. Sin embargo, las comunidades autónomas advierten que su eficacia dependerá de un desarrollo reglamentario adecuado y de una financiación estable. La directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, y sus homólogas de Asturias, Arantza Fernández Páramo, y de ALSA, Víctor López Menéndez, manifestaron estas preocupaciones durante el Capital Mobility Summit 2025.
La movilidad pública es considerada un derecho esencial que permite a los ciudadanos acceder a servicios básicos como la sanidad y la educación, según Fernández Páramo. La plataforma CONECTA, implementada en 2023 en Asturias, permite a los usuarios viajar en tren y autobús por un máximo de 30 euros al mes, con bonificaciones atractivas que favorecen el uso del transporte público.
En Castilla y León, la situación es más compleja, con un 90% de las rutas deficitarias debido a la baja ocupación de los autobuses, que a menudo transportan solo a unos pocos pasajeros. La empresa ALSA proyecta duplicar su tamaño en los próximos dos años, tras haber experimentado un crecimiento del 100% desde 2016, según su CEO, Francisco Iglesias.