El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España se encuentra actualmente en 1.221 euros brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas. A partir de enero, se prevé un incremento de entre el 3 y el 3,5%, en función de la evolución del IPC, que alcanzó el 3,6% en julio, aumentando cuatro décimas respecto a junio. Este ajuste automático del SMI podría impactar significativamente en los costes laborales de miles de autónomos y pequeñas empresas que emplean trabajadores, quienes enfrentarán mayores cargas económicas.
El Ministerio de Trabajo ha establecido que la próxima negociación para ajustar el SMI se iniciará después del verano, con el objetivo de determinar la cantidad mínima que los autónomos deberán pagar a sus empleados en 2027. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha indicado que los precios serán un factor clave en esta discusión, descartando, no obstante, una revisión extraordinaria del SMI para el resto del año, a pesar de las solicitudes de UGT debido al aumento de la inflación.
Desde 2018, el SMI ha experimentado un incremento total del 66%, lo que ha generado controversia entre las organizaciones empresariales. En 2024, un aumento del 5% fue rechazado por las agrupaciones como CEOE y Cepyme. En 2025, el Gobierno y los sindicatos acordaron un incremento del 4,4% sin la participación de estas patronales, y en 2026, se estableció un aumento del 3,1% únicamente con la aprobación de CCOO y UGT.
La próxima negociación será especialmente relevante, ya que se llevará a cabo después de tres años de incrementos sin el apoyo de las principales organizaciones empresariales, lo que podría complicar aún más el consenso. La posible subida del SMI a partir de enero de 2024 obligaría a muchas pequeñas empresas a reajustar sus presupuestos y estrategias laborales, aumentando la presión sobre su sostenibilidad económica.
Contexto: El SMI es un tema recurrente en el debate económico español, especialmente en un contexto de inflación creciente. La administración ha ido ajustando el SMI de manera progresiva en los últimos años, reflejando las condiciones económicas y la presión de sindicatos. La situación actual plantea retos para los autónomos y pequeñas empresas, que deben equilibrar el cumplimiento de la normativa laboral con la viabilidad de sus negocios en un mercado cada vez más competitivo.