El Tribunal Supremo se pronunciará en las próximas semanas sobre si el tiempo que los conductores pasan en los ferris entre la península y los territorios insulares debe ser considerado como tiempo de trabajo efectivo. Esta decisión podría tener un impacto significativo en los costes operativos de muchos transportistas autónomos y pequeñas empresas del sector, que ya operan con márgenes ajustados.
La controversia legal surge a raíz de varias resoluciones judiciales que sugieren que el tiempo en el ferry podría contar como tiempo de presencia, lo que obligaría a las empresas a retribuirlo. La afirmación de que este periodo se puede considerar descanso bajo ciertas condiciones, como disponer de cabina, es un punto clave en la discusión. Sin embargo, la normativa nacional permite interpretarlo como tiempo de trabajo, lo que complicaría la planificación de jornadas y tarifas.
Las empresas de transporte advierten sobre las consecuencias que podría tener la sentencia, especialmente en rutas donde el uso del ferry es esencial. Se estima que un cambio en la regulación podría aumentar las tarifas pagadas por las empresas a los transportistas, lo que llevaría a una revisión de contratos y acuerdos logísticos en el sector.