El incremento del salario mínimo podría suponer un coste adicional para las empresas de entre 1.500 y 3.800 millones de euros anuales. Esta estimación proviene del Ministerio de Trabajo, que ha presentado un borrador de real decreto para regular la compensación y absorción del SMI, en un esfuerzo por cumplir con los compromisos adquiridos con los sindicatos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se otorgará flexibilidad a los convenios colectivos, permitiendo que sean estos los que decidan qué complementos salariales pueden ser excluidos de la nueva normativa. Esta reforma, que no requiere pasar por el Congreso de los Diputados, se prevé que genere conflictos legales, ya que la CEOE ha manifestado su intención de impugnarla.
Los nuevos lineamientos indican que ciertos pluses, como los de nocturnidad, toxicidad o antigüedad, no podrán ser eliminados o reducidos, a menos que se acuerde lo contrario en las negociaciones colectivas. Esta medida busca proteger a los trabajadores de posibles recortes en sus remuneraciones debido al aumento del SMI.