A partir del 7 de junio, España implementará una directiva de la Unión Europea que establece igualdad salarial para puestos equivalentes, buscando reducir la brecha salarial, que en el país supera el 15% según el Ministerio de Igualdad. Esta nueva normativa no hará públicos los salarios individuales, pero permitirá a los trabajadores solicitar información sobre los niveles salariales medios en sus puestos y conocer los criterios utilizados por las empresas para determinar su remuneración.
La nueva regulación también afecta a los procesos de selección laboral, prohibiendo las ofertas que no indiquen el salario o un rango salarial claro. Además, los reclutadores ya no podrán indagar sobre los salarios anteriores de los candidatos, lo que tiene como objetivo prevenir la perpetuación de sueldos bajos.
Las empresas que no cumplan con esta normativa y no puedan justificar diferencias salariales significativas se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar hasta 225.000 euros. Esta medida busca fomentar la transparencia en el ámbito laboral y garantizar un entorno más equitativo para todos los trabajadores.