El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia que, aunque no obliga a España a transformar en fijos a los aproximadamente 800.000 empleados públicos interinos, indica que el país debe adoptar medidas efectivas para abordar el abuso de la temporalidad en la Administración. Esta decisión se produce tras la evaluación de la situación laboral de estos trabajadores, quienes enfrentan la precariedad de contratos temporales sucesivos.
Aunque el TJUE no impone una obligación general de convertir contratos temporales en indefinidos, sí establece que la normativa nacional debe incluir mecanismos para prevenir y sancionar el uso abusivo de estos contratos. La sentencia, publicada este martes, se alinea con las recomendaciones del abogado general del tribunal, expresadas el año pasado.
El tribunal considera que las medidas actuales de España no cumplen con el derecho europeo, sugiriendo que la conversión a contratos indefinidos o un aumento significativo en las indemnizaciones serían vías plausibles para cumplir con las normativas europeas. Esta situación resalta la necesidad de reformas en la legislación laboral española para garantizar los derechos de los trabajadores interinos.