El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las medidas adoptadas por España para abordar el abuso de contratos temporales en el sector público son inadecuadas. La sentencia resalta que la conversión de interinos en indefinidos no fijos no elimina la precariedad laboral, considerándose insuficiente para combatir el uso abusivo de estos contratos. Este fallo se origina tras una consulta del Tribunal Supremo sobre un caso específico en la Comunidad de Madrid.
Además, Bruselas ha decidido congelar 627 millones de euros en fondos europeos destinados a España, argumentando que la Ley Iceta no es eficaz para mitigar la temporalidad en el ámbito público. Según el TJUE, las indemnizaciones por despido y la posibilidad de convocar nuevas oposiciones no cumplen con la normativa europea respecto a la protección de los trabajadores.
El ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha indicado que este fallo no obliga a España a convertir los contratos temporales en fijos. El Gobierno reafirma su compromiso con la reducción de la temporalidad, aunque subraya que la doctrina del Tribunal Constitucional se opone a hacer fijos a los trabajadores temporales sin que se presenten a una oposición abierta.