El salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha pasado de ser un elemento marginal a afectar al 13% de los trabajadores, según un reciente informe de la Fundación Civismo. Esta cifra contrasta notablemente con el 3% que se registraba hace ocho años. Albert Givernau, director de la fundación, señala que el SMI ahora se establece a través del Boletín Oficial del Estado, generando una dependencia considerable de las decisiones gubernamentales.
El aumento del SMI ha generado costes adicionales para las pequeñas y medianas empresas, que ascienden a 7.000 euros por trabajador al año. Esta situación ha llevado a muchas microempresas a cerrar o a transformarse en autónomos para evitar costes laborales fijos, lo que ha resultado en una descapitalización de ciertas entidades. Además, cada actualización del SMI ha impactado negativamente en la creación de empleo, estimándose que la subida de 2019 pudo haber reducido entre 40.000 y 65.000 afiliaciones potenciales.
A pesar del crecimiento económico, España continúa enfrentando uno de los índices de desempleo más altos de la Unión Europea. El informe también revela que la deuda per cápita ha aumentado de 20.000 a 31.000 euros en la última década, destacando un desajuste entre el crecimiento y la productividad, que es un 14% inferior a la media europea.