El Banco Santander ha acordado abonar tres millones de euros para subsanar deficiencias en su control de blanqueo de capitales en Brasil. Esta medida se enmarca en la reciente actualización de su protocolo contra el crimen financiero, el cual no había sido revisado desde el verano de 2021.
La nueva política fue aprobada por el consejo de administración del banco hace un mes y responde a las crecientes exigencias de los supervisores, en un contexto de mayor tensión geopolítica y avances tecnológicos que complican la gestión de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. La Unión Europea está implementando un paquete normativo contra el crimen financiero que incluye la creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA).
El marco revisado establece que las entidades del grupo deben contar con estructuras adecuadas para detectar y prevenir el crimen financiero y cumplir con los requisitos legales en cuanto a la congelación de fondos y el bloqueo de cuentas. Además, se incorpora la formación específica para empleados y la autoevaluación anual para asegurar el cumplimiento normativo.