La Comisión Europea ha decidido ampliar el procedimiento de infracción contra España, iniciado en julio de 2025, debido a las leyes que dificultaron la opa del BBVA sobre Sabadell. A pesar de que la oferta fracasó y el banco no logró adquirir ni el 26% del capital, la Comisión ha enviado una nueva carta de emplazamiento por el incumplimiento de directivas comunitarias que promueven las fusiones en el sector bancario.
Bruselas sostiene que las leyes españolas son incompatibles con el marco de la CRD VI, que regula las adquisiciones y fusiones en entidades de crédito. Esta preocupación ya había sido manifestada en una comunicación anterior en 2025. El Gobierno español dispone de un plazo de dos meses para presentar una respuesta y corregir las deficiencias señaladas.
Si la respuesta no es considerada satisfactoria, la Comisión podría proceder a emitir un dictamen motivado, lo que podría acarrear nuevas repercusiones legales para España.