El Gobierno español se enfrenta a la posibilidad de ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su decisión de mantener un poder de veto sobre las fusiones bancarias. La Comisión Europea ha exigido cambios en la legislación nacional, dando un plazo de dos meses al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para cumplir con las demandas. De no hacerlo, la Comisión podría emitir un dictamen motivado y proceder legalmente contra España.
La controversia se origina en la intervención del Gobierno en la fallida opa de BBVA sobre Sabadell en julio de 2025, que llevó a Bruselas a requerir la eliminación del veto político sobre fusiones. Aunque el Ministerio de Economía ha mostrado disposición a cumplir parcialmente, no ha satisfecho las exigencias de la Comisión, que busca despojar al Gobierno de su capacidad de prohibir fusiones.
La comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha intensificado la presión sobre el Ejecutivo, en medio de tensiones con la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Teresa Ribera. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado evitar el endurecimiento de la postura de Bruselas, que insiste en la necesidad de cambios sustanciales en las normativas aplicables.