El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado al Gobierno a reconsiderar una reforma que afecta al control sobre delitos económicos. Esta propuesta elimina la necesidad de registrar en escritura pública las transmisiones de participaciones en empresas, lo que podría debilitar el actual sistema de control contra el fraude y el blanqueo de capitales.
En un informe reciente, el CGPJ destaca que cambiar la exigencia de un documento público por un documento privado electrónico podría erosionar la eficacia del sistema. La advertencia se basa en la importancia que tiene este sistema para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve medidas contra el lavado de dinero.
La propuesta ha generado preocupación entre los notarios, quienes subrayan que la eliminación de la obligación de notariado podría obstaculizar el acceso a información crucial para las investigaciones realizadas por la Fiscalía, la UCO, la UDEF y la Agencia Tributaria.