El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, que estará bajo la dirección de Pedro Comín, actual director del Sepblac. Este nuevo organismo debe estar constituido antes del 16 de noviembre de 2026, justo antes de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. El objetivo central del Consejo es fomentar la colaboración entre el sector público y privado mediante el intercambio de información y el análisis de riesgos financieros.
La creación de este Consejo es parte del Plan Estratégico Nacional 2026-2030, que busca abordar los retos planteados por la digitalización, la creciente complejidad de los flujos financieros y las amenazas transnacionales. Este organismo actuará como un ente de consulta y coordinación para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Consejo estará compuesto por vocales permanentes que serán subdirectores generales o equivalentes de distintas instituciones, incluyendo la Dirección General de Policía, la Guardia Civil, el Banco de España, la CNMV, el CNI, la DGSFP, la Agencia Tributaria y la Fiscalía, entre otros. Este amplio espectro de miembros permitirá una mejor detección y eficacia del sistema ante las amenazas financieras actuales.
Además, el Consejo deberá promover un intercambio continuo de información estratégica, el análisis de nuevas tipologías de riesgo y la difusión de buenas prácticas. También se espera que el organismo proponga guías, informes y prioridades conjuntas con los sujetos obligados en el sector privado, lo que potenciará la colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La orden publicada en el BOE establece que el Consejo debe reunirse, al menos, una vez al año. Se busca un enfoque integral basado en el riesgo que permita adaptar las medidas de prevención a la evolución del entorno financiero y las nuevas modalidades de crimen organizado.
Contexto: El establecimiento de este Consejo surge como respuesta a la creciente preocupación por el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España y la Unión Europea. Desde la implementación de la normativa europea en la materia, las instituciones españolas han estado trabajando para fortalecer su marco de prevención. La digitalización de la economía ha añadido una capa de complejidad que requiere de un enfoque renovado y coordinado, haciendo de esta iniciativa un paso significativo en la lucha contra las prácticas ilegales que afectan al sistema financiero.