La jueza María Isabel Durántez, del Tribunal de Instancia de Madrid, ha decidido archivar una nueva querella presentada por Vox contra Sofía Puente, secretaria general de Innovación del Ministerio de Justicia. Esta querella acusaba a Puente de prevaricación y usurpación de atribuciones debido a su papel en la elaboración de la instrucción que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española según la Ley de Memoria Democrática.
La querella también incluía a Ester Pérez Jerez, actual directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y a Elena Manzanera, presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE) y directora de la Oficina del Censo Electoral. La Ley de Memoria Democrática ha suscitado controversia, ya que la sección cuarta de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha recurrido esta normativa para suspender provisionalmente el voto de 163.020 españoles descendientes de exiliados, sin cuestionar la legalidad de su acceso a la ciudadanía.
Esta decisión de archivar la querella se produce un día después de que otra jueza del mismo tribunal admitiera otra demanda similar presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír contra Puente. La situación refleja el creciente escrutinio y las divisiones políticas en torno a la Ley de Memoria Democrática, que busca reconocer los derechos de los descendientes de personas que huyeron de España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La decisión judicial de archivar la querella, tomando en cuenta los argumentos presentados por Vox y la respuesta de la jueza, destaca la complejidad de los casos legales relacionados con las leyes de justicia y memoria histórica en España. La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en diciembre de 2022, ha sido objeto de debate en el Parlamento y ha generado reacciones mixtas entre distintos sectores de la sociedad.
Contexto: La Ley de Memoria Democrática fue aprobada por el gobierno español con el objetivo de reparar a las víctimas del franquismo y facilitar la nacionalidad a sus descendientes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) juega un papel crucial en la gestión de datos electorales y censales, lo que hace que cualquier controversia relacionada con el censo y la nacionalidad tenga un impacto significativo en el ámbito político y social en España. La situación actual refleja las tensiones políticas en torno a la interpretación y aplicación de esta ley, así como el papel de las instituciones en la protección de derechos ciudadanos.