La regulación financiera en Andorra se ha vuelto un factor crucial para las gestoras internacionales que buscan establecerse en el Principado. Con un sistema jurídico caracterizado por un régimen de reserva de actividad pura y la ausencia de un pasaporte comunitario, las entidades deben comprender los límites de los servicios financieros transfronterizos. Este entorno se verá influenciado por el proceso de alineación normativa con la Unión Europea, especialmente tras la firma del Acuerdo de Asociación prevista para 2024.
Durante el Meeting Point Andorra 2026, que cuenta con el respaldo de instituciones como Blackrock y Eurizon AM, expertos como Miguel Cases de Cases Lacambra, junto a Elena Muñoz y Anna Rocamora, abordaron la importancia de conceptos como la comercialización activa y el análisis de nexo causal. Estos elementos son esenciales para evitar riesgos regulatorios en el país.
Andorra aplica un régimen que restringe ciertas actividades económicas a profesionales o empresas autorizadas, lo que implica que cualquier servicio financiero transfronterizo sin la debida licencia puede acarrear consecuencias legales significativas, incluyendo responsabilidades penales. Esta situación subraya la necesidad de que los operadores extranjeros manejen con cautela la comercialización activa para asegurar su operativa en el mercado andorrano.