El Gobierno español se prepara para abordar la crisis de vivienda en el país con un nuevo borrador de real decreto ley que se presentará en la reunión del Consejo de Ministros del 26 de julio de 2026. Este documento, que se encuentra en fase de negociación, busca enfrentar lo que el Ejecutivo denomina “emergencia habitacional”. A pesar de las dificultades anticipadas para obtener el apoyo necesario en el Parlamento, el Gobierno intenta implementar una variedad de medidas que sirvan a diferentes partidos políticos.
Entre las propuestas del borrador, se incluyen iniciativas que tienen como objetivo proteger la función social de la vivienda y combatir la especulación en el mercado inmobiliario. Se han planteado medidas fiscales y tributarias, así como estrategias para aumentar y preservar el parque de vivienda pública. Asimismo, se pretende fomentar la construcción de vivienda asequible y mejorar la transparencia en el sector.
Una de las propuestas más relevantes consiste en ofrecer bonificaciones fiscales tanto a propietarios como a inquilinos. En particular, los arrendadores recibirán un beneficio del 100 % en el IRPF sobre el rendimiento neto positivo al renovar contratos de alquiler que incluyan cláusulas de actualización anual, o al firmar nuevos contratos con inquilinos, siempre que la renta inicial se mantenga por debajo del precio máximo estipulado según los índices de referencia.
Los inquilinos menores de 35 años también se beneficiarán de deducciones. Concretamente, podrán deducir el 10,05 % de las cantidades abonadas, aunque esta deducción disminuirá en función de las circunstancias. Por ejemplo, se aplicará un 95 % si la vivienda se encuentra en una zona de alta demanda y el inquilino es menor de 35 años. Las deducciones serán del 90 % si la vivienda está en una zona tensionada y del 85 % si el arrendatario tiene hasta 35 años. En otros casos, la bonificación se establecerá en un 70 %.
El borrador de decreto ley, que se encuentra abierto a cambios, tiene como objetivo abordar la falta de viviendas disponibles en el mercado, una cuestión que ha suscitado preocupación en la sociedad española. A medida que se acerca la fecha de aprobación, se intensifican las negociaciones para lograr un consenso que permita la implementación de estas medidas.
Contexto: La crisis de vivienda en España ha sido un tema candente en los últimos años, con un aumento significativo en los precios de los alquileres y una oferta limitada de viviendas asequibles. La situación ha llevado a numerosas manifestaciones y a la presión sobre el Gobierno para actuar. Empresas del sector inmobiliario y organizaciones sociales están vigilando de cerca las propuestas, ya que pueden tener un impacto significativo en el mercado. La aprobación de este decreto ley podría marcar un punto de inflexión en la política de vivienda en España, afectando a millones de ciudadanos que buscan acceso a un hogar digno.