En la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada el 17 de noviembre, surgieron tensiones entre la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los consejeros de Hacienda autonómicos. Montero defendió la política fiscal del Gobierno, argumentando que no se ha reducido la presión fiscal a pesar de la inflación acumulada del 25% en los últimos años. Según ella, esto es necesario para mantener un volumen de entregas a cuenta a las comunidades autónomas (CCAA) de 157.731 millones de euros, la cifra más alta registrada.
La consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, replicó la postura de Montero, señalando que la falta de deflactación del IRPF representa un aumento encubierto de impuestos para quienes reciben incrementos salariales. Albert destacó que su comunidad ha logrado deflactar el IRPF en dos ocasiones, lo que ha beneficiado a los contribuyentes madrileños.
Montero, en respuesta, subrayó que el actual sistema de entregas a cuenta está vinculado a la decisión de no deflactar el IRPF, sugiriendo que esto ha tenido un impacto directo en los resultados financieros de las CCAA.