La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha revelado la eliminación de los impuestos autonómicos relacionados con la adquisición de la primera vivienda para personas menores de 36 años y para aquellas con discapacidad. Este anuncio se realizó durante el Debate de Política General del Parlament, donde también se presentó un plan de vivienda de 3.000 millones de euros.
La principal medida implica la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para estos grupos. Anteriormente, los menores de 30 años ya podían disfrutar de un tipo impositivo del 0 % en el ITP, y los menores de 36 años con ciertas condiciones contaban con un tipo reducido del 2 %. La nueva reforma ampliará la exención a todos los menores de 36 años y personas con discapacidad que compren su primera vivienda.
Además, el Govern implementará una reducción a la mitad de ambos impuestos para quienes tengan entre 36 y 40 años. Para los préstamos hipotecarios, se aplicará una bonificación del 50 % en el AJD para los menores de 36 años y personas con discapacidad, siempre que el ahorro fiscal se traduzca en una disminución efectiva del coste de la hipoteca.
El plan de vivienda, denominado HABITA_IB 4+4, busca un impacto económico significativo, beneficiando a aproximadamente 87.000 ciudadanos. Este programa incluirá la creación de nuevas promociones públicas y ofrecerá incentivos para la construcción de vivienda protegida, buscando así facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos más jóvenes y vulnerables.
El anuncio de Prohens llega en un contexto donde la vivienda se ha convertido en un tema central en la política balear, reflejando la necesidad de soluciones efectivas frente a la creciente dificultad de acceso a la propiedad en las Islas Baleares. La eliminación de estos impuestos es un paso significativo hacia la creación de un entorno más favorable para la adquisición de vivienda, especialmente para las generaciones más jóvenes y las personas con discapacidad.
Contexto: La situación del mercado inmobiliario en España ha estado marcada por un aumento en los precios de la vivienda y una creciente demanda, lo que ha dificultado el acceso a la propiedad para muchos ciudadanos. En respuesta a estas circunstancias, el Gobierno balear ha establecido estas medidas como parte de su compromiso por mejorar las condiciones de vida de sus residentes. Esta reforma se enmarca en un momento en que la vivienda se posiciona como uno de los temas más debatidos en la agenda política del país, con el objetivo de promover políticas que faciliten la compra de vivienda entre los jóvenes y otros colectivos vulnerables.