La gigafactoría de inteligencia artificial, un ambicioso proyecto impulsado por la Generalitat de Cataluña y respaldado en gran parte por el Gobierno español, enfrenta desafíos regulatorios significativos. La propuesta de regulación para centros de datos, cuyo borrador fue presentado por Redeia y cuya audiencia pública se extenderá hasta el 10 de septiembre, plantea altos umbrales de eficiencia que podrían poner en riesgo la viabilidad de este y otros proyectos en el país.
Este proyecto emblemático, gestionado por un consorcio en el que el Gobierno tiene una participación mayoritaria del 48% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), incluye también a la Generalitat de Cataluña, que posee un 1% del capital. Entre los socios privados, destacan Telefónica, ACS y Banco Santander, cada uno con una participación del 15,67%, además de Multiverse Computing con un 4%.
Con una inversión total proyectada de más de 1.000 millones de euros, la gigafactoría deberá ajustarse a los requerimientos del nuevo marco legislativo, que establece un índice de eficiencia (PUE) mínimo de 1,15. Según las fuentes cercanas al consorcio, el proyecto actualmente prevé un PUE de entre 1,15 y 1,2, lo que lo sitúa en el límite de lo permitido. Si se aprueba la regulación, será necesario adaptarse para cumplir con estos criterios exigentes establecidos por el Ministerio para la Transformación Digital y el de Transición Ecológica.
Las reacciones ante esta propuesta de regulación han sido numerosas, tanto desde gobiernos regionales como desde el sector privado. Los elevados umbrales podrían hacer inviables no solo la gigafactoría, sino también otros planes en desarrollo para construir centros de datos en España. Esta situación subraya la tensión entre los objetivos de sostenibilidad y las necesidades de expansión tecnológica en el país.
Desde el Ministerio han señalado que el Real Decreto está en periodo de consulta pública, lo que permite al consorcio de la gigafactoría presentar observaciones al texto, al igual que cualquier otra parte interesada. La resolución de esta consulta será crucial para definir el futuro del proyecto y su alineación con las políticas de sostenibilidad.
Contexto: La gigafactoría de inteligencia artificial es parte de una estrategia más amplia del Gobierno español para posicionar al país como un líder en tecnología y sostenibilidad. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se busca movilizar hasta 5.000 millones de euros en inversiones tecnológicas, de los cuales el estado ya ha destinado 720 millones de euros a través de aportaciones directas al consorcio. La regulación actual refleja el esfuerzo por equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, un tema cada vez más relevante en la agenda política y empresarial de España.