La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento sancionador contra España por no haber cumplido con la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, que actualiza los umbrales para definir el tamaño de las empresas. La normativa, que debía haber sido implementada antes de finalizar 2024, tiene como objetivo facilitar la reducción de las obligaciones contables y administrativas de las pymes.
El incumplimiento ha dejado a miles de negocios sujetos a requisitos de empresas de mayor tamaño, generando un impacto económico y burocrático significativo. A pesar de que el Gobierno español ha presentado un anteproyecto de ley para modificar algunos de estos límites, la Comisión considera que esta acción es insuficiente y tardía.
La directiva, que aumenta los umbrales de facturación en aproximadamente un 25%, busca ajustar la definición de las empresas a la realidad económica actual, considerando una inflación acumulada superior al 30% en la última década. Sin la adaptación adecuada, las pequeñas y medianas empresas continuarán enfrentándose a exigencias que no corresponden a su tamaño real.