El sector agroalimentario español se enfrenta a cambios significativos debido a la nueva Directiva europea sobre información corporativa en sostenibilidad, conocida como CSRD, que entra en vigor en 2026. Aunque inicialmente esta normativa afecta a las grandes empresas, su impacto se extiende a miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) que forman parte de sus cadenas de suministro.
Esta directiva establece requisitos de transparencia que obligan a las grandes compañías a elaborar un Estado de Sostenibilidad, el cual debe incluir información sobre emisiones, uso de recursos y condiciones laborales, entre otros aspectos. A pesar de que las pymes no están legalmente obligadas a cumplir con la CSRD, se verán influenciadas por las exigencias de sus proveedores, quienes necesitarán datos precisos sobre su desempeño ambiental y social para evaluar riesgos en su cadena de valor.
Investigadores de las universidades de Córdoba y Jaén han creado una guía práctica para ayudar a estas pequeñas empresas a adaptarse a la nueva realidad. No cumplir con los nuevos criterios podría resultar en la pérdida de oportunidades comerciales, contratos y licitaciones, por lo que es crucial que las pymes se preparen adecuadamente.