La deuda pública de España alcanza niveles históricos, complicando la posibilidad de implementar un amplio paquete de ayudas en respuesta a la crisis derivada del conflicto en Irán. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que el Gobierno se centrará en medidas limitadas, como préstamos y bonificaciones, en lugar de subvenciones directas.
Las fuentes consultadas apuntan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya es consciente de que el margen fiscal es escaso, lo que limitará cualquier escudo social o apoyo a empresas. Se están considerando ajustes fiscales, como la reducción del IVA en productos básicos y bonificaciones en carburantes, pero hay temor entre las grandes empresas a la posible implementación de nuevos impuestos extraordinarios, especialmente para el sector energético.
A pesar del discurso oficial que sugiere que hay espacio fiscal para actuar, la realidad muestra que no sería factible lanzar un paquete de medidas comparable al que se activó tras la invasión de Rusia a Ucrania. Moncloa ha instado a los ministerios a preparar planes de contingencia para hacer frente a las repercusiones de la guerra en Irán, aunque las medidas serán más acotadas y restrictivas.