El Gobierno español está a punto de liberar un nuevo real decreto que regulará el establecimiento de centros de datos en el país. Esta medida se anticipa como una respuesta ante el creciente número de proyectos, que ha superado las estimaciones del Ejecutivo, especialmente en comunidades como Madrid y Aragón. Las empresas interesadas en desarrollar estos data centers deberán demostrar, a través de declaraciones responsables, que cumplen con una serie de requisitos establecidos por las autoridades.
La nueva legislación permitirá a Moncloa ejercer un control total sobre las futuras inversiones en infraestructuras de datos. Esto incluye la capacidad de detener proyectos que aún no cuenten con el permiso de acceso a la red, incluso aquellos ya anunciados por gobiernos autonómicos. Este enfoque centralizado se establece con la intención de afrontar los problemas que otros países, como Irlanda, Países Bajos y Estados Unidos, han experimentado debido al despliegue masivo de estos centros, tales como el aumento en el precio de la electricidad y desequilibrios en la red eléctrica.
Desde 2021, se han otorgado permisos por más de 12 gigavatios (GW) al sector de centros de datos, superando ampliamente la previsión de la estrategia nacional de IA, que contemplaba un máximo de 4 GW para 2030. Esta discrepancia ha llevado al Gobierno a implementar un modelo regulador más estricto para mitigar posibles crisis energéticas y garantizar el control sobre el manejo de datos dentro de la Unión Europea. Los promotores deben también certificar que la empresa que operará la infraestructura esté establecida en la UE y que la información no saldrá del perímetro comunitario.
Además, el nuevo marco regulatorio se asegura de que los datos no sean accesibles a terceros países. Si se determina que una empresa no cumple con estos requisitos, el Ministerio de Transformación Digital podrá revocar los derechos de operación. Esta intervención del Gobierno es vista como una medida preventiva para evitar el acaparamiento de recursos energéticos y mantener un equilibrio en la producción de electricidad.
La consulta pública de este decreto se realizará antes de septiembre, lo que indica la urgencia del Ejecutivo por establecer un control efectivo sobre el desarrollo de centros de datos en el país. Este movimiento se produce en un contexto donde otros gobiernos han implementado moratorias ante la llegada de nuevos data centers debido a los problemas ya mencionados.
Contexto: En los últimos años, el auge de la digitalización ha impulsado la creación de numerosos centros de datos en España, lo que ha generado una creciente preocupación por el impacto ambiental y en el suministro energético. Las inversiones en este sector son fundamentales para el crecimiento tecnológico del país, pero también presentan desafíos significativos. A medida que España se adentra en la transición digital, el control sobre la infraestructura de datos se vuelve esencial para acoger el futuro de la economía digital.