El Gobierno español ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 la moratoria que previene la disolución de empresas debido a pérdidas ocasionadas por la Covid-19. Esta medida forma parte del Real Decreto-ley 16/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de diciembre de 2025, que busca proteger a las empresas viables en situaciones de vulnerabilidad.
Además, se ha decidido prorrogar la suspensión de desahucios y los descuentos en el bono social eléctrico para hogares en riesgo de exclusión hasta la misma fecha. Junto a esto, las pensiones públicas se ajustarán en un 2,7% en 2026, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentarán en un 11,4%.
El decreto también incluye actualizaciones en las entregas a cuenta para la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, previniendo problemas de tesorería. Estas medidas económicas han sido implementadas en un contexto de prórroga presupuestaria y en respuesta a diversas crisis, incluidas la guerra en Ucrania y la inflación.