Las pequeñas y medianas empresas en España están enfrentando un aumento significativo en las sanciones por incumplimientos relacionados con la jornada laboral. Las multas impuestas han pasado de 5,3 millones de euros en 2018 a 15,7 millones de euros en 2025, casi triplicándose en un periodo de siete años. Esta tendencia indica un creciente riesgo sancionador desde que se hizo obligatorio el registro diario de la jornada laboral.
En 2024, la Inspección de Trabajo llevó a cabo 37.386 actuaciones, detectando 14.728 infracciones que afectaron a 252.500 empleados. Comparado con el año anterior, el número de trabajadores perjudicados creció un 41% respecto a los 178.456 contabilizados en 2023. Este incremento en las infracciones ha intensificado la presión para aumentar aún más las sanciones, incluyendo la posibilidad de aplicar multas por cada trabajador afectado cuando falten registros o se falseen datos.
A pesar de la creciente severidad de las multas, que actualmente pueden alcanzar hasta 7.500 euros por empresa, las horas extraordinarias no remuneradas siguen siendo un problema persistente. La legislación vigente contempla sanciones que podrían ser elevadas a 10.000 euros por empleado, una reforma que fue rechazada. Para implementar un sistema de sanciones individualizadas, se requeriría una modificación adicional de la ley.
El nuevo registro previsto por la Inspección de Trabajo tiene como objetivo facilitar la comprobación de las horas trabajadas por cada empleado. Sin embargo, la situación de las horas extraordinarias sigue siendo preocupante. Según un análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) realizado por Comisiones Obreras (CCOO), se estima que los asalariados realizan semanalmente una media de 2,54 millones de horas extraordinarias que no son pagadas ni compensadas. Esta cifra representa el 43% de todas las horas extra, manteniéndose constante desde 2018.
Las horas extraordinarias no abonadas oscilan entre 2,5 y 3 millones semanalmente desde finales de 2016, de acuerdo con la serie trimestral, que se ve afectada por la estacionalidad del empleo. Comisiones Obreras estima que el coste laboral eludido por las pymes incumplidoras asciende a 3.378 millones de euros anuales, incluyendo salarios y cotizaciones. Las multas, aunque significativas, no son el único coste que enfrentan los empleadores, ya que la Inspección de Trabajo también puede exigir la regularización de pagos pendientes.
Contexto: La legislación laboral en España ha sido objeto de numerosas reformas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la regulación de las horas de trabajo y los derechos de los empleados. La obligación de llevar un registro diario de la jornada laboral, establecida en 2019, busca combatir el abuso en la remuneración de horas extraordinarias y garantizar los derechos de los trabajadores. La Inspección de Trabajo ha intensificado sus esfuerzos para supervisar el cumplimiento de estas normas, lo que ha llevado a un incremento en las multas impuestas a las empresas que no cumplen con la normativa vigente.