La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado al juez la apertura de un juicio oral contra Óscar Pierre, cofundador y consejero delegado de Glovo, por un presunto delito contra los derechos laborales de los repartidores de la compañía. Este avance se produce en el marco de un proceso penal que se inició en 2024, tras la denuncia presentada por la Fiscalía, que considera que hay suficientes indicios de delito para proceder contra el empresario. La decisión final sobre si se abrirá juicio o se archiva el caso recae ahora en el juez instructor.
La solicitud de la Fiscalía fue confirmada por elDiario.es y La Vanguardia. La defensa de Pierre, liderada por el abogado Cristóbal Martell, ha indicado que aún no ha recibido la notificación formal del ministerio público. En julio de 2025, los letrados del empresario pidieron el sobreseimiento de la causa, argumentando que el modelo contractual de Glovo con sus repartidores es legal en España. Pierre ha criticado a la Inspección de Trabajo, acusándola de actuar con un enfoque sesgado y recaudatorio.
La investigación se inició en 2024, cuando el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona comenzó diligencias previas tras la denuncia de la Fiscalía. En diciembre de 2024, Pierre y otros altos ejecutivos de Glovo, así como repartidores, testificaron durante la fase de instrucción. Un día antes de su declaración, la empresa había anunciado su decisión de contratar a los repartidores como asalariados, abandonando así el modelo de autónomos que había utilizado hasta entonces.
Además de la acción de la Fiscalía, la causa cuenta con la acusación popular del sindicato CGT, que se opuso al archivo de la investigación, argumentando que Glovo había impuesto condiciones laborales ilegales a sus trabajadores de manera continuada. La acusación del sindicato añade un componente adicional a este caso, que ha atraído la atención tanto de la opinión pública como de los medios de comunicación.
El futuro de Óscar Pierre y de Glovo depende de la decisión del juez instructor, quien deberá considerar las peticiones de ambas partes antes de tomar una resolución. Este proceso no solo afecta a la figura de Pierre, sino que también plantea interrogantes sobre la situación laboral de muchos repartidores en España, un tema que ha cobrado relevancia en el contexto de la economía digital y el trabajo en plataformas.
Contexto: En los últimos años, la regulación del trabajo en plataformas digitales ha sido objeto de debate en España, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales de los repartidores. La modificación de la ley de trabajo autónomo en 2021 y la creciente presión social y política para mejorar las condiciones laborales han llevado a empresas como Glovo a reconsiderar sus modelos de negocio. La decisión de la Fiscalía y la acción del sindicato CGT reflejan la lucha por la defensa de los derechos laborales en un sector en rápida evolución, donde empresas tecnológicas juegan un papel cada vez más importante.