El Consejo de Ministros, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, ha dado luz verde a un nuevo real decreto-ley que introduce una serie de medidas sociales significativas en España. Este paquete de reformas, que incluye la ampliación de las bajas médicas y mejoras en el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho, responde a la hoja de ruta preelectoral del Gobierno. Se espera que la Diputación Permanente convalide estas medidas en el plazo de un mes.
Entre las principales novedades, se amplía la incapacidad temporal (IT) para mujeres que padecen patologías relacionadas con la menopausia y para víctimas de violencia de género. Estas trabajadoras recibirán una prestación del 60 % de la base reguladora durante los primeros 20 días de la baja, y del 75 % a partir del día 21. Inicialmente, la empresa cubrirá el salario desde el primer día, mientras que a partir de ese momento, la Seguridad Social asumirá la prestación.
Asimismo, el decreto contempla mejoras en la ayuda por el cuidado de menores con enfermedades graves, conocida como CUME. Esta asistencia podrá ser solicitada de forma alternativa o simultánea por ambos progenitores, facilitando así el apoyo a las familias que enfrentan estas situaciones difíciles. Además, se han establecido incrementos en las pensiones por actos terroristas y en las pensiones de orfandad derivadas de la violencia machista.
Otro cambio relevante incluye el triple aumento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasará de 100 a 300 euros mensuales por beneficiario, destinado a aquellos casos en que el progenitor no cumpla con sus obligaciones alimentarias. Este ajuste busca ofrecer un soporte más robusto a las familias en situaciones vulnerables.
El nuevo paquete de medidas se presenta como un "decretazo preelectoral" que busca apoyar a los colectivos más desfavorecidos mientras se aproximan las elecciones. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado la importancia de estas reformas para mejorar la calidad de vida y la protección social de los ciudadanos.
Contexto: Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha implementado diversas políticas sociales para fortalecer el estado del bienestar en España. A lo largo de este periodo, se han abordado temas como el acceso a la vivienda, la mejora de las pensiones y el apoyo a familias en riesgo de exclusión social. Estas nuevas medidas, que reflejan un compromiso continuo con la protección social, surgen en un contexto de creciente presión para responder a las necesidades de la población, especialmente en áreas como la salud mental y el apoyo a víctimas de violencia.