El FROB, que actualmente posee un 18% de Caixabank, será transformado en una nueva entidad dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales. Esta decisión fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a propuesta del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La reforma forma parte de un anteproyecto de ley que busca mejorar la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La nueva institución, denominada Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), integrará funciones de diferentes organismos, incluyendo el Sepblac y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Además de sus responsabilidades en la supervisión e inspección, la Anifi tendrá la potestad sancionadora y gestionará sanciones financieras internacionales. También se encargará de las relaciones con la autoridad europea en esta materia.
Con la creación de la Anifi, el FROB dejará de existir en su forma actual y se financiará a través de una tasa a bancos y operadores de juego, así como con parte de las sanciones que imponga. Este cambio llevará a una redistribución de las funciones que el FROB desempeña en la actualidad, lo que implica que la resolución bancaria será asumida por el Banco de España. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encargará de las quiebras de empresas de servicios de inversión.
El Gobierno mantiene el mandato de vender la participación estatal en Caixabank, estableciendo como límite el diciembre de 2027. Esta venta se realizará tras la transformación del FROB, que busca fortalecer el control sobre las actividades financieras en el país y mejorar la regulación en el ámbito de la integridad financiera.
Contexto: Desde su creación en 2012, el FROB ha sido clave en la reestructuración del sector bancario español tras la crisis financiera. Su papel ha sido fundamental en la recapitalización y resolución de entidades en dificultades. La transformación del FROB en la Anifi representa un giro significativo en la política de supervisión financiera en España, donde la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, especialmente en el contexto de las regulaciones europeas más estrictas. La integración de diversas funciones bajo la Anifi tiene como objetivo mejorar la eficiencia y efectividad de la respuesta del país ante estos desafíos.