La última edición del Cuadro de Indicadores de la Justicia de la Unión Europea, que se actualizará nuevamente en 2026, revela que la percepción de la independencia judicial en España es preocupantemente baja. Solo un 40% de los encuestados considera que la independencia de los jueces es buena o muy buena, lo que posiciona a la justicia española en los últimos lugares de Europa, superando únicamente a países como Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria.
Según el informe de la Comisión Europea, una de las principales razones de esta percepción negativa es la "interferencia o la presión del Gobierno y los políticos". Este dato ha sido resaltado en múltiples ocasiones, incluyendo el Informe sobre el Estado de Derecho de la UE, que sirve como referencia clave sobre la calidad democrática de los veintisiete estados miembros.
Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, realizó un discurso en la apertura del año judicial, donde abordó la confianza ciudadana en la judicatura. A pesar de los datos del informe europeo, Perelló afirmó que "los ciudadanos confían" en la labor de los jueces, respaldando su afirmación con encuestas de organismos especializados, aunque no especificó a cuáles se refería.
La divergencia entre las estadísticas y las afirmaciones de Perelló plantea interrogantes sobre la percepción real de los ciudadanos respecto a la justicia en España. La falta de respaldo a las afirmaciones de confianza podría reflejar una desconexión entre la realidad judicial y la comunicación institucional.
A medida que se aproxima el 2026, el desafío para el sistema judicial español será no solo mejorar la percepción de independencia, sino también abordar las preocupaciones sobre la influencia política en las decisiones judiciales. Este contexto es crucial para el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Contexto: La justicia en España ha enfrentado numerosos desafíos en los últimos años, incluyendo casos de corrupción que han afectado la percepción pública. Las reformas en el sistema judicial son temas recurrentes en el debate político y social. La Comisión Europea ha instado a los estados miembros a mejorar la independencia judicial, lo que es fundamental para la protección de los derechos y libertades en el marco de la legislación europea. La situación actual pone de relieve la necesidad de un enfoque renovado para restaurar la confianza en la judicatura y asegurar su funcionamiento independiente.