Las nuevas limitaciones en los borradores de los planes hidrológicos 2028-2033 podrían transformar un 34% de la superficie actual de riego en la cuenca del Guadiana, lo que representaría unas 115.000 hectáreas que pasarían a secano. Esta situación afectaría a miles de agricultores autónomos y explotaciones familiares, con un impacto económico estimado en 213 millones de euros anuales por pérdida de valor de la producción.
Además, se prevén hasta 1.500 millones de euros en depreciación patrimonial en fincas que han realizado inversiones en sistemas de riego eficientes. En la cuenca del Segura, se anticipan 100 millones de euros menos en ingresos y más de 600 millones de euros en pérdidas patrimoniales. Las organizaciones agrarias, incluyendo a Asaja, UPA y COAG, advierten que estas medidas no solo afectan la distribución del agua, sino también la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas.
Adoración Blanqué, presidenta de Asaja Almería, destacó que la falta de garantías hídricas ya ha llevado a los agricultores a dejar de plantar en campañas anteriores. Los recortes en el suministro de agua, según los representantes del sector, podrían resultar en tierras sin cultivar y dificultar la incorporación de jóvenes agricultores al campo, lo que pone en riesgo la continuidad de la actividad agraria.