La reforma del Reglamento del Congreso de España ha sido valorada positivamente por la Comisión Europea, según el capítulo correspondiente al país en el Informe sobre el Estado de derecho de 2026. Esta modificación permite la prohibición del acceso a la Cámara a individuos como Vito Quiles y Bertrand Ndongo, quienes se hacían pasar por periodistas, lo que representa un avance significativo en el manejo de la actividad legislativa.
El 13 de mayo, la Mesa del Congreso tomó la decisión de suspender indefinidamente las acreditaciones de Quiles, quien es candidato de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF) dirigida por Alvise Pérez, y de Ndongo, quien anteriormente fue asesor de Vox en la Asamblea de Madrid. Esta medida se ha implementado debido a la acumulación de expedientes en contra de ambos, que incluyen incidencias como grabaciones no autorizadas a diputados, interrupciones en ruedas de prensa y hostigamiento a parlamentarios y profesionales de los medios de comunicación.
La Comisión Europea ha resaltado que estas acciones son un paso hacia la mejora del respeto por los derechos y la integridad de las instituciones democráticas en España. Este tipo de reformas es crucial para mantener un entorno legislativo donde se protejan los procedimientos y la seguridad de los representantes electos.
Quiles y Ndongo, al ser identificados como agitadores ultras, han sido objeto de críticas por sus comportamientos en el Congreso. La suspensión de sus acreditaciones es vista como una medida necesaria para restaurar el orden y la funcionalidad dentro de la Cámara, así como para proteger a los demás miembros y a la prensa de actos de provocación.
El impacto de esta reforma podría sentar un precedente en la regulación del acceso a las instituciones públicas, especialmente en un contexto donde la polarización política está a la orden del día. La capacidad del Congreso para gestionar estas situaciones de forma efectiva es fundamental para la estabilidad del sistema democrático en España.
Contexto: La regulación del acceso a las instituciones en España ha sido un tema de discusión en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la protección de la integridad del proceso legislativo. La reforma del Reglamento del Congreso se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de las instituciones para asegurar que todos los actores involucrados en la política actúen dentro de un marco de respeto y legalidad, reflejando las preocupaciones de la sociedad civil sobre la seguridad y la mejora de la calidad democrática en el país.