El 16 de julio de 2026, se registraron incidentes de incendios en varias localidades de España, destacando La Mierla en Guadalajara, donde se atribuyó el origen a una cosechadora agrícola. En Burgohondo, Ávila, se consideró como "imprudencia grave por el empleo de maquinaria pesada", mientras que en Los Gallardos, Almería, se mencionó un cable olvidado como posible causa. En las Peñas de Riglos, Huesca, las investigaciones apuntan a actividades relacionadas con obras en la A-132. A pesar de la falta de datos oficiales y de que las investigaciones se prolongan, es evidente que la normativa vigente presenta importantes fallos.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2022, la Ley de Montes prohíbe el uso de maquinaria que produzca deflagraciones, chispas o descargas eléctricas en situaciones de riesgo muy alto o extremo, según lo indicado por AEMET. Además, el Real Decreto 716/2025 amplió estas restricciones a un área de 400 metros alrededor de los montes, salvo que se obtenga una autorización específica. Sin embargo, el término "prohibir" puede resultar engañoso, dado que existe un sistema de excepciones y declaraciones responsables que permite cierta flexibilidad.
En La Mierla, la cosecha era posible bajo ciertas medidas de seguridad, aunque se considera que esto no es suficiente en contextos de alto riesgo. La normativa actual es confusa y presenta excepciones que pueden generar interpretaciones variadas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha y Extremadura, se suspenden las actividades de 14:00 a 17:00, mientras que en Galicia esta prohibición abarca de 12:00 a 18:00. Castilla y León, por su parte, permite la cosecha siempre que la temperatura no supere los 30 ºC y la velocidad del viento no exceda los 30 km/h.
La falta de una regulación nacional unificada para estos incidentes provoca que cada comunidad autónoma aplique criterios diferentes, lo que complica la gestión de riesgos. En el ámbito de la obra pública, las mismas regulaciones que afectan a los agricultores son aplicables, lo que añade otra capa de complejidad. Esta maraña de normativas es considerada por expertos como poco efectiva, especialmente en veranos como el actual, en el que se han quemado 144.844,80 hectáreas, lo que representa el 0,507 % de la superficie forestal nacional, muy por encima del 0,207 % de la media de la última década.
Contexto: La gestión de incendios forestales en España ha sido un tema recurrente, especialmente en los meses de verano. Las altas temperaturas y la falta de lluvias han incrementado la vulnerabilidad de los bosques. En 2022, la superficie afectada por incendios fue notablemente alta, lo que llevó al Gobierno a considerar nuevas medidas y regulaciones para la protección del medio ambiente. La AEMET, junto con otros organismos, continúa monitoreando las condiciones climáticas para prevenir desastres forestales y mejorar la respuesta ante emergencias.