Pablo Sánchez-Blanco ha sido nombrado director general del Tesoro y Política Financiera, un cambio que ha suscitado controversia entre los funcionarios. Este nombramiento se ha visto acompañado de una modificación normativa que permite que una persona sin la condición de alto funcionario, como es el caso de Sánchez-Blanco, asuma el cargo. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha anunciado que estudiará acciones legales en respuesta a este decreto que altera los requisitos para ocupar el puesto.
La reciente modificación normativa fue aprobada el 30 de julio de 2026, lo que ha llevado a Fedeca a criticar la decisión del Gobierno. La organización sostiene que esta reforma amplía de manera injustificada las excepciones legales, comprometiendo la reserva de puestos directivos a funcionarios de carrera y poniendo en peligro la profesionalización de la Administración Pública. La presidenta de Fedeca ha subrayado que su oposición no se basa en cuestionar las capacidades profesionales de Sánchez-Blanco, sino en el uso de cambios normativos que pueden debilitar principios fundamentales como el mérito, la capacidad y la objetividad en la administración pública.
Antes de esta modificación, la Dirección General del Tesoro solo podía ser dirigida por funcionarios de la categoría A1. El nuevo real decreto, emitido por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, permite que "en determinadas circunstancias se amplíen los requisitos que han de cumplir los titulares del puesto para incluir no solo a funcionarios del subgrupo A1". Este cambio ha generado una reacción negativa entre los funcionarios que consideran que se está poniendo en riesgo la integridad del proceso de selección de altos cargos en la administración.
Es importante mencionar que Pablo Sánchez-Blanco es también el marido de Pilar Sánchez Acera, quien ocupa el cargo de número dos del ministro Óscar López en el PSOE de Madrid. Esta relación ha incrementado la tensión en torno a su nombramiento, ya que algunos críticos argumentan que la modificación de la normativa podría estar influenciada por esta conexión familiar. La situación ha generado un debate sobre la idoneidad de permitir que personas ajenas a los altos funcionarios accedan a posiciones clave en el Gobierno, lo que podría tener repercusiones en la confianza pública en la administración estatal.
La controversia en torno al nombramiento de Sánchez-Blanco refleja preocupaciones más amplias sobre la gestión y la estructura de la administración pública en España. Las reformas recientes han llevado a un aumento en la vigilancia de los procesos de selección y nombramiento, así como a un llamado a una mayor transparencia en el Gobierno. La situación actual podría ser un punto de inflexión en la manera en que se organizan y administran las posiciones de alto nivel dentro del Estado, afectando no solo a los funcionarios, sino también a la percepción pública del Gobierno.
Contexto: La modificación de la normativa que permite a personas que no son funcionarios de alto rango ocupar cargos clave en la administración ha sido un tema de debate desde hace tiempo en España. La necesidad de asegurar la profesionalización de la administración pública es un asunto que ha cobrado importancia, especialmente en el contexto de la reciente crisis sanitaria y económica. El Tesoro y Política Financiera desempeñan un papel crucial en la gestión de la economía española, y la forma en que se eligen a sus directores impacta directamente en la eficiencia y la confianza en las instituciones del país.