La burocracia en España se ha convertido en un desafío significativo, con más de 411.000 normas aprobadas desde 1979. En 2024, los boletines oficiales publicaron un promedio de 3.557 páginas al día, lo que posiciona al país como el segundo con mayor carga normativa sobre el sector privado en Europa. A pesar de esta alta producción normativa, España ha caído del puesto 15 al 20 en el indicador de calidad regulatoria del Banco Mundial entre 2021 y 2024, situándose actualmente en el 31 de 38 en la OCDE.
Según el Índice de Calidad Regulatoria elaborado por el Foro Regulación Inteligente, España se encuentra entre los cinco países con la peor regulación en la Unión Europea. Con una puntuación de 32 sobre 100, ocupa el puesto 23 de 27 países, superando solo a Rumanía, Chipre, Croacia y Grecia. Este índice evalúa variables como la carga que representa la regulación para empresas y trabajadores, la calidad del diseño normativo y la seguridad jurídica en su aplicación.
La situación se agrava al comparar los resultados de España con los de otros países europeos. Por ejemplo, Bulgaria, Polonia, Portugal, Malta e Italia tienen puntuaciones superiores, alcanzando 34,8, 35,3, 36,9, 37,5 y 39 respectivamente. La brecha con el líder, Dinamarca, es notable, con una diferencia que supera los 60 puntos, y la distancia con países como Francia y Alemania es de alrededor de 23 puntos.
El diagnóstico del Foro Regulación Inteligente es contundente: a pesar de que España aprueba más de dos normas diarias, se sitúa entre los peores en Europa en términos de regulación. Esta complejidad normativa, según el Banco de España, tiene repercusiones negativas en el empleo, estimando que un aumento del 10% en el volumen regulatorio puede reducir el empleo en empresas de menos de diez trabajadores en un 0,5%. Además, se señala que la complicada normativa limita la entrada de nuevas empresas y afecta negativamente el dinamismo de sectores clave como la industria.
Las empresas españolas también reflejan esta preocupación. Un estudio indica que el 81% de las empresas considera que la regulación empresarial es un obstáculo para la inversión, mientras que el 79% afirma que la carga normativa dificulta su operativa. Esta percepción de la regulación como un impedimento para el crecimiento y la inversión plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas regulatorias actuales.
Contexto: La situación de la regulación en España ha sido objeto de debate durante años, especialmente tras la crisis económica de 2008 que llevó a una revisión de numerosas normativas. El objetivo ha sido fomentar un entorno empresarial más competitivo, pero los resultados han sido mixtos. Organismos como la BCE y el Banco de España han instado a una simplificación de la burocracia para mejorar la capacidad de las empresas para operar y crecer. La actual administración está bajo presión para abordar estos problemas y crear un marco regulatorio que sea más favorable para los negocios y el empleo en el país.