El Ministerio de Seguridad Social ha finalizado el plazo para presentar alegaciones sobre el Real Decreto que regula la prestación económica destinada a familias con menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Más de 18.000 familias se encuentran en riesgo debido a una reforma que, según los afectados, podría significar un "recorte encubierto". La ministra Elma Saiz había propuesto inicialmente cambios que generaron preocupación entre los interesados.
La asociación Asfacume se reunió esta semana con el ministerio y logró que algunas de sus demandas fueran escuchadas, aunque el conjunto de peticiones sigue siendo amplio y hay desconfianza sobre su inclusión en el texto final. Las alegaciones de Asfacume exigen que la evaluación de la necesidad de cuidado se base en criterios reales y no en requisitos burocráticos, así como la apertura del listado de situaciones que permitan acceder a la ayuda.
Además, critican la dependencia de informes médicos de atención primaria para la acreditación inicial y los requisitos de renovación, sugiriendo que cualquier profesional que atienda al menor debería poder emitir informes. También piden que los controles adicionales no se conviertan en una barrera para el acceso a la prestación, y que la asistencia a centros educativos no sea motivo para su denegación.