La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego del partido Sumar, ha propuesto trasladar a 500 menores de los 2.100 que actualmente se encuentran en los centros de protección de Ceuta a la península. Esta información fue revelada el 12 de octubre de 2023 por la Cadena Ser y ha sido confirmada por el Gobierno. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas del PP, ha eludido hasta el momento ofrecer una respuesta a esta propuesta, a pesar de la situación crítica que enfrenta la ciudad autónoma.
Fuentes del equipo de Vivas han indicado que se ha solicitado información adicional para entender el destino que se asignaría a los menores en caso de que se realice el traslado. Según estas fuentes, los menores están bajo la tutela del Gobierno local, lo que impide que sean entregados sin un proceso adecuado. En una reciente entrevista en Telecinco, el presidente de Ceuta expresó que no le preocupa que los menores pudieran regresar a Marruecos, afirmando que el interés de los niños debe ser respetado conforme a la ley.
Esta situación se produce en un contexto donde el PP ha votado favorablemente en el Parlamento a una proposición de ley presentada por Vox, la cual se opone a los traslados de menores, incluso de forma provisional. Esta decisión ha generado un clima de incertidumbre sobre el futuro de los menores en la ciudad y ha añadido presión sobre el Gobierno central para encontrar soluciones viables.
Las condiciones en los centros de protección de Ceuta han sido objeto de críticas debido a la saturación y la falta de recursos adecuados para atender a todos los menores. La situación se ha vuelto más apremiante, ya que Ceuta enfrenta un incremento de la llegada de menores no acompañados, lo que ha llevado a la necesidad de revaluar las políticas de atención y protección en la región.
Contexto: En los últimos años, Ceuta ha experimentado un aumento significativo en el número de menores no acompañados, lo que ha desbordado la capacidad de sus centros de protección. Las instituciones implicadas, como el Gobierno de Ceuta y el Gobierno Central español, han tenido que adaptarse a esta crisis humanitaria, buscando alternativas para el bienestar de estos menores. La situación ha llamado la atención de diversas organizaciones y ha generado un debate sobre la gestión de la inmigración y la protección de la infancia en las ciudades autónomas españolas.