En España, la pobreza monetaria, definida como el riesgo de vivir en un hogar con una renta equivalente inferior al 60% de la mediana, afecta a un 19,5% de la población en 2025. Este dato, que se ha mantenido prácticamente estable desde 2008, cuando el porcentaje era del 19,8%, refleja la situación económica del país tras varios eventos adversos, como la crisis financiera y la pandemia.
A pesar de esta estabilidad en la tasa general, las dinámicas de la pobreza han cambiado significativamente entre diferentes grupos etarios. La pobreza entre los mayores de 65 años ha disminuido notablemente, pasando del 25,3% en 2008 al 16,4% en 2025, gracias a las pensiones que han funcionado como una red de seguridad. Sin embargo, la situación es preocupante entre los más jóvenes; el porcentaje de niños en riesgo de pobreza ha aumentado del 27,1% al 28,3%, y el 25% de los jóvenes menores de 30 años también se encuentra en esta situación.
Los hogares monoparentales enfrentan una de las tasas más alarmantes, con un 50,3% en riesgo de pobreza, mientras que la pobreza monetaria en estos hogares alcanza el 41,2%. En parejas con tres o más hijos, el riesgo de pobreza se sitúa en 46,8% y la pobreza monetaria en 42,6%. En contraposición, las parejas con un solo hijo presentan un riesgo de pobreza del 22,7%.
La data sugiere que disponer de hijos no es el único determinante del riesgo de pobreza; la situación financiera y la estabilidad laboral juegan un papel crucial. Controlando factores como renta y características sociodemográficas, tener hijos incrementa la probabilidad de sufrir carencias materiales y sociales, especialmente en hogares jóvenes, donde esta probabilidad puede ser hasta 7,26 puntos porcentuales mayor.
Además, el módulo infantil de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 revela que un 2,72% de algunas familias en España no pueden cubrir necesidades básicas, lo que pone de manifiesto las dificultades económicas que enfrentan muchos hogares.
Contexto: En los últimos años, España ha experimentado diversas transformaciones económicas y sociales. Desde la crisis financiera de 2008, el país ha trabajado en la recuperación del empleo, pero las desigualdades persisten. Las políticas de pensiones han sido efectivas, mejorando la situación de los mayores, pero aún queda mucho por hacer para abordar la pobreza infantil y juvenil. Instituciones como el BCE y la Hacienda continúan monitorizando estas dinámicas para implementar medidas que favorezcan la inclusión social y económica.