El Tribunal de Cuentas ha aprobado un dictamen sobre la Cuenta General del Estado de 2024, tras detectar que el Gobierno recurrió a casi 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para abonar pensiones, debido a la falta de un presupuesto actualizado. Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal, compareció ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, donde hizo hincapié en que se elaborará un informe jurídico que analice las implicaciones de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante varios años.
Durante su intervención, Chicano también rechazó las críticas de PP y Vox sobre la utilización de fondos europeos, asegurando que no se han desviado para otros fines. El portavoz de Vox, Pablo Sáez, anunció que su partido votará en contra del dictamen en el Pleno, citando discrepancias técnicas en la modificación presupuestaria.
Este informe de fiscalización pone de manifiesto la necesidad de una revisión del manejo de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde la financiación de las pensiones se ha visto comprometida. La presidenta lamentó la instrumentalización política del asunto, subrayando la importancia de un marco presupuestario estable y actualizado.